Esta es la segunda vez que Torra va a los tribunales por un delito de desobediencia relacionado con su negativa a retirar una pancarta a favor de la libertad de los presos del ‘procés’ y los simbólicos lazos amarillos de la fachada del Palau de la Genralitat en 2019.

Torra anunció su decisión en redes sociales poco antes de la hora fijada para el comienzo de la vista, asegurando que no reconoce “legitimidad” a la Justica española y que no pensaba participar en “una nueva farsa”. Desde su oficina se anunciaba la decisión y se agradecían “las muestras de apoyo recibidas durante todo este proceso de persecución judicial y hoy ante la vista oral.

Ya a las puertas del tribunal, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, insistió en que no reconocen “la legitimidad de la Justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales” y anticipó que acudirán a los tribunales europeos donde “siempre ganamos”.

En su comunicado, el expresidente asegura que este segundo juicio es “una nueva manifestación de que la represión política en el Estado español contra la minoría catalana continúa". Y como ya hizo ante el proceso anterior, reconoció que desobedeció porque no podía acceder a cumplir “instrucciones ilegales” y evitar cumplir con “mi deber” de “respetar los derechos fundamentales universales".

En diciembre de 2019, Torra fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) a un año y medio de inhabilitación por no descolgar una pancarta de similar contenido. El expresidente comparó esos mensajes con las pancartas que ahora cuelgan de edificios oficiales en apoyo a Ucrania que, dijo, “son perfectamente legítimas”.