El fiscal del Supremo dio ya el visto bueno a esta investigación y consideró que el senador podría haber incurrido en un delito de falsedad documental en las cuentas de la Diputación alcarreña durante los ejercicios 1991, 1993, 1994 y 1995.

En esas cuentas se hicieron figurar como cantidades pendientes de cobro créditos inexistentes o ficticios por un importe superior a los 3.500 millones depesetas, que no han sido recuperados por las arcas de la Diputación.

Tomey puede ser condenado por el delito de falsedad documental a una pena de entre tres y seis años de prisión, en caso de que se considere probado el hecho delictivo.

No obstante, surge la cuestión de la prescripción del hecho delictivo fijado actualmente para la falsedad documental en tres años, por lo que alguno de los delitos podrían haber prescrito ya para la justicia.