Tomey ha sido acusado por la Fiscalía de Guadalajara de un delito continuado de falsedad documental para ocultar 3.500 millones de pesetas de pérdidas en su gestión en la diputación.

Las investigaciones, trasldadas a la Sala Segunda por el fiscal del Supremo una vez que éste tomara parte en la investigación abierta por la Fiscalía de Guadalajara, apuntan a Tomey como presunto responsable de un delito de falsedad en documento oficial, al incorporar como pendientes de cobro cantidades ficticias en las liquidaciones de presupuestos generales de los años 1991, 1993, 1994 y 1995.

Una vez elaborado el dictamen por la Comisión de Suplicatorios de la Cámara Alta, el pleno se pronunciará sobre su concesión o no cuado comience la sesión de mañana.