En declaraciones a Radio Nacional, Peral insistió en que aunque haya habido contabilidad indebida en la Diputación, "esto no es exclusivo de Guadalajara porque en el año 1994 la Comunidad de Madrid tenía en la misma situación de débitos pendientes de cobro un total de 44.41 millones y en estos casos el Tribunal de Cuentas sólo pide que se depuren las cuentas pero no inicia un expediente".

El autor del expediente reiteró igualmente que, a pesar de demostrarse que ha habido errores contables en la Diputación, esto no quiere decir que haya ningún tipo de responsabilidad política imputable a Tomey.

Tras recordar que el informe ha sido remitido al Comité Ejecutivo Regional del PP, Peral afirmó: "Respetamos el campo de las responsabilidades penales, que es un territorio ue compete a los tribunales, pero en el terreno político no encontramos ninguna irregularidad por parte de Tomey".

Explicó que en su informe consta que se cumplió el ordenamiento jurídico vigente y que se remitieron al Tribunal de Cuentas todos los documentos solicitados sin que este órgano fiscalizador pusiera reparos.

En las conclusiones finales del informe, añadió Peral, se especifica que no se destinó ni una sola peseta a fines distintos de la competencia provincial.

El documento precisaque el nivel de endeudamiento se ha mantenido en los límites legales, salvo en el año 1991, cuando se superó el 4,29%, y añade que no se ha generado "ningún agujero financiero", por lo que concluye que no se puede imputar ningun tipo de responsabilidad al presidente de la Diputación de Guadalajara.