Por ello, pide a la Sala de lo Penal del Supremo que "acepte la competencia para conocer los hechos", puesto que se trata de una persona aforada por su condición de senador y que siga investigando la supuesta actuación delictiva del senador.

El "caso Tomey" surgió con una denuncia presentada por el diputado provincial del PSOE en Guadalajara Jesús Alique, quien, tras apreciar irregularidades en las liquidacions mensuales de los Presupuestos Generales de la Diputación de Guadalajara de los años 1991, 1993, 1994 y 1995, decidió denunciar a los responsables de las cuentas.

Según el diputado socialista, se habían incorporado a estos presupuestos, como pendientes de cobro, cantidades ficticias aportando documentación sobre tales extremos.

FALSEDAD DOCUMENTAL

La Fiscalía de Guadalajara inició entonces una investigación en la que se constata que existen indicios de un delito continuado de falsedad en documnto oficial por la ocultación en los presupuestos de la Diputación provincial de algunas partidas económicas.

Según el informe, compuesto de 1.324 folios que fueron remitidos el pasado 28 de enero al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, la ocultación se realizó mediante "apuntes contables medances", con un déficit de más de 3.500 millones de pesetas.

La Fiscalía de Guadalajara apunta como autores de este delito a quien firmó las cuentas, Francisco Tomey, y también al interventor de la Diputción, José Villalgordo, que falleció el pasado 14 de febrero.

A la vista del informe de la Fiscalía, la Sala Segunda del Supremo, que es la que habitualmente se encarga de las denominadas causas especiales, decidirá si continúa o no la investigación, para lo que cuenta ya con las diligencias informativas practicadas por la fiscalía de Guadalajara y la opinión de la Fiscalía del Alto Tribunal.