El "caso Tomey" surgió con una denuncia presentada por el diputado provincial del PSOE en Guadalajara Jesús Alique, tras apreciar éste presuntas irregularidades en las liquidaciones mensuales de los años 1991, 1993, 1994 y 1995.

Según el diputado ocialista, se habían incorporado a estos presupuestos, como pendientes de cobro, cantidades ficticias aportando documentación sobre tales extremos.

Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo no lo ve así y solicita el archivo del "caso Tomey", tras conocer el informe pericial de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales sobre las liquidaciones mensuales de los Presupuestos Generales de la Diputación de Guadalajara desde 1991 a 1995.

La Fiscalía del Tribunal Supremo sñala, como confirma el informe pericial, que "la liquidación del presupuesto no es sino un fiel reflejo de la contabilidad de la Diputación, por lo que necesariamente tales cantidades pendientes de cobro tenían que consignarse en dicha liquidación, que no es sino un paso má para la aprobación definitiva del presupuesto que corresponde al Pleno de la Diputación".

Para el fiscal, ha quedado acreditado como "razonable y defendible" que en los presupuestos de la Diputación de Guadalajara se consignaran lacantidades que se recogían como participación en los Tributos del Estados, ya que "existían expectativas sobre el cobro de tales cantidades".

Recuerda que, según los peritos, cuando las diputaciones elaboran los presupuestos, en su previsión de ingresos, "no conocen aún cuál será la cuantía que recibirán del estado por el concepto de participación en los Tributos del Estado, por lo que recogen una cantidad aproximada a la hroa de elaborar el presupuesto".

Por último, el fiscal asegura que la elabración del presupuesto y su liquidación corresponde "exclusivamente" al interventor de la Diputación, José Villalgordo, ya fallecido.

Asimismo, añade que no se ha podido probar que Villalgordo recibiera "órdenes o sugerencias por parte del señor Tomey" sobre las cantidades o conceptos que deberían aparecer en las cuentas de la Diputación de Guadalajara.

FALSEDAD DOCUMENTAL

Cuando el PSOE presentó la denuncia contra Tomey, la Fiscalía de Guadalajara inició entonces una investigación, según la cul existían indicios de un delito continuado de falsedad en documento oficial por la ocultación de algunas partidas económicas en los presupuestos de la Diputación provincial.

Según el informe fiscal, la ocultación se realizó mediante "apuntes contables medances", con un déficit de más de 3.500 millones de pesetas.

La Fiscalía de Guadalajara apuntó como autores de este delito a quien firmó las cuentas, Francisco Tomey, y también al interventor de la Diputación, José Villalgordo, que falleció el paado 14 de febrero.

La Fiscalía del Tribunal Supremo, a la vista del informe remitido por Guadalajara, propuso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo continuar con las investigaciones por ver indicios de delito.

Tras escuchar la opinión de la Fiscalía del Alto Tribunal, la Sala Segunda del Supremo se declaró competente para investigar los supuestos actos delictivos cometidos por Tomey, y pidió el suplicatorio al Senado para poder continuar con la investigación.