PP e Izquierda Unida, apoyados por el PNV y Coalición Canaria, coincidieron en señalar que el dsacato es una figura penal desfasada, que representa un obstáculo a la libertad de expresión y que vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

El artículo 542 del proyecto establece que "cometen desacato los que calumniaren, injuriaren o amenazaren de hecho o de palabra, en su presencia, a cualquier autoridad en el ejercicio de sus funciones".

Ignacio Gil Lázaro, del Partido Popular, afirmó que el PP es favorable a la supresión de este delito, y aunque sea un partido quees "una alternativa inminente de gobierno, quiere tener una posición ejemplarizante" en este tema.

Por Izquierda Unida, Diego López Garrido, señaló que el desacato es "una concepción anticuada del principio de autoridad". En su opinión, potenciar exageradamente la protección penal a la autoridad "no se compadece con el principio de igualdad ante la ley".

Rafael López, portavoz del PSOE, acusó a los grupos enmendantes de haber "malinterpretado" el proyecto de ley, al ver un freno a la libertad de xpresión donde sólo existe una protección especial a personas muy concretas. El diputado socialista recordó, además, que en el derecho comparado europeo existe también la figura del desacato, por lo que no puede tildarse tan a la ligera de figura penal anticuada.