PSOE, IU-ICV, CiU, ERC y PNV han fraguado un texto que ultimarán mañana para presentárselo al PP, según informaron a Servimedia fuentes parlamentarias, aunque precisaron que, si bien hay vocación de consenso, lo prioritario es tener listo un documento antes del primer aniversario del 11-M.

En este sentido, las mismas fuentes indicaron que no se dará capacidad de veto al partido liderado por Mariano Rajoy, aunque le animaron a sumarse al consenso para alcanzar recomendaciones unánimes al menos en esta primera parte, en la que se ha prescindido de realizar valoraciones políticas y alusión a las posibles responsabilidades por lo sucedido hace casi un año.

El documento, que será registrado el próximo miércoles con los cambios que se puedan acordar en las conversaciones que se mantengan a lo largo del día de mañana, se basa principalmente en el consensuado por el Grupo Socialista e IU-ICV, al que se han añadido mejoras y aclaraciones a propuesta del resto de las formaciones.

El documento base se divide en tres bloques: sobre atención a las víctimas; mejora de la seguridad del Estado frente al terrorismo islamista, que aborda tanto la cooperación policial como las medidas legales, y una última que pretende dar una más eficaz respuesta política al fundamentalismo islamista.

En la primera parte se ha modificado la referencia al homenaje a la memoria de las víctimas para que cualquier actuación se realice de acuerdo con las asociaciones, ante las discrepancias con la propuesta inicial de alzar al menos un monumento de homenaje.

Además, se ha introducido la mejora y agilización de los procedimientos para la declaración de invalidez de los afectados, y la compatibilidad de las eventuales prestaciones con el ejercicio laboral.

En cuanto a la mejora de la seguridad, el documento aboga por una estrategia integral contra todo tipo de terrorismo, de la que el presidente del Gobierno debe informar periódicamente al Congreso, y una mejora de los recursos humanos y materiales, tal y como establecía el documento de PSOE e IU.

En este segundo capítulo se ha acotado la utilización de la Ley de Protección de Datos y de las escuchas telefónicas, con el fin de garantizar los derechos fundamentales, y se ha incorporado, a propuesta de los grupos nacionalistas, la coordinación con las policías autonómicas.

En cuanto al tercer bloque, relativo al tratamiento de la religión islámica y la integración de los inmigrantes, las mismas fuentes indicaron a Servimedia que "se ha resumido mucho, se ha eliminado toda la literatura" del documento inicial y se centra en propuestas muy concretas.

Además, se ha suprimido el párrafo que se refería a la definición de un catálogo de causas tasadas posibles para la disolución de agrupaciones religiosas o suspensión de las actividades de las mismas.

Esta era una de las medidas incluidas en las propuestas para controlar y combatir las fuentes de financiación del terrorismo islámico a través de organizaciones civiles y religiosas.