En el texto, los grupos parlamentarios advierten del riesgo que supone "desconocer que España es e segundo país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto al índice de afectados por SIDA".

Entre las peticiones al conjunto de la sociedad incluidas en la declaración institucional, destaca la de establecer un trato con los afectados de SIDA basado en "la solidaridad, la no discriminación, la conviviencia y la prevención".

Los grupos parlamentarios califican a la enfermedad como "una amenaza para la Humanidad", que implica responsabilidades no sólo para los estados sino también para tdos los individuos, ya que el SIDA, además de implicaciones sanitarias, tiene consecuencias éticas, jurídicas, socioeconómicas, culturales y sociológicas.