Esta subcomisión es uno de los elementos que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, logró acordar con los grupos tras una ronda de contactos en la que el único partido que mostró su rechazo fue el PP.

Los firmantes -PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC y Grupo Mixto- entienden que el fenómeno migratorio es mundial y está vinculado a la globalización, la guerra, la pobreza y la búsqueda de mejores perspectivas vitales.

Entienden que la inmigración ha sido positiva para España porque es "motor del crecimiento económico y una de las razones de que la renta per cápita haya aumentado un 2,6 por ciento".

Los grupos que suscriben la iniciativa creen que la política migratoria debe promover la llegada "ordenada y legal" de extranjeros, que deben tener reconocidos derechos y obligaciones, y luchar contra la inmigración irregular y la economía sumegida.

Por todo ello, y para "sentar las bases de una política de inmigración común coherente, estable y duradera, fruto del consenso de todas las formaciones políticas", los grupos solicitan la creación de una subcomisión que estudie propuestas.