PSOE, IU, CiU, PNV, CC, y Grupo Mixto suscribieron esta declaraión a instancias de las organizaciones de derechos humanos y de los familiares de los españoles desaparecidos bajo la represión argentina. Estos grupos mantuvieron una reunión con los grupos parlamentarios a la que también fue invitado el PP, que optó por no asistir ni suscribir el texto presentado hoy.

Los partidos firmantes decidieron presentar el documento en forma de declaración ante la cercanía del fin de la legislatura y la imposibilidad de tramitar ninguna otra iniciativa parlamentaria por falt de tiempo.

El objetivo de esta declaración es el de explicitar el apoyo de los parlamentarios españoles a las víctimas de la dictadura argentina y reclamar que los responsables de las torturas y desapariciones sean juzgados en España, según explicó la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, la socialista Ludivina García.

En representación de CiU, Manel Silva, dijo que lo principal es evitar la "inmunidad y la impunidad" de los crímenes cometidos contra nuestros compatriotas y dar lanecesaria "protección a las víctimas". Para ello, solicitó al Gobierno y al PP un "esfuerzo de coherencia" en la petición de responsabilidades.

Para Margarita Uría, del PNV, es esencial que los tribunales españoles ejerzan sus competencias a la hora de juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras militares en Argentina y exigió voluntad política y decisión de la Fiscalía General del Estado para impulsar los procesos.

Presentación Urán, de IU, lamentó que el PP no se haya smado a esta declaración y argumento que apoyando a "dictaduras amigas" hace un "flaco favor" a los principios democráticos. En ese sentido, pidió al Ejecutivo que no paralice las peticiones de extradición de supuestos implicados en la desaparición de españoles en Argentina.

El texto presentado hoy en el Congreso por todos los grupos firmantes manifiesta su "apoyo a las actuaciones judiciales" que se desarrollan en la Audiencia Nacional, por ejemplo contra el capitán Adolfo Schilingo, y reconce claramete el derecho de la justicia española a proceder contra estos criminales.

Rechaza la "impunidad" para los implicados y declara el derecho a saber el destino final de esas 600 personas, no sólo de parientes y amigos, sino de manera universal como reconocimiento a la verdad y para evitar que la historia se repita en el futuro.

Asimismo, hace un reconocimiento expreso a los familiares de españoles desaparecidos y ejecutados y respalda la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que laCámara de Diputados argentina aprobó este año.

Finalmente, solicita al Gobierno español "que cese en sus actitudes de entorpecimiento del derecho a la justicia y no ponga obstáculo alguno a que el proceso de juicio oral (de Schilingo) se lleve adelante en forma transparente, permitiendo que se pueda llegar a una sentencia por crímenes contra la humanidad en jurisdicción ordinaria".

Los firmantes aseguraron que esta iniciativa no puede interpretarse como "una venganza", sino como "un acto de justiia" y rechazaron que suponga una intervención en la actuación judicial.