Millán subrayó el consenso político, social y económico que alcanzó el Reglamento de Extranjería que recoge ese proceso y resaltó que, en su día, los ayuntamientos solicitaron "insistentemente" ese proceso de normalización.

En este sentido, recalcó que son los consistorios "los que soportan las consecuencias de tener extranjeros 'sin papeles'. No pueden trabajar y necesitan de la beneficiencia".

"Los ayuntamientos afrontamos con optimismo, pero con cautela y precaución, el proceso", dijo Millán, quien concluyó que una vez terminado este proceso, el Gobierno deberá dotar económicamente a los ayuntamientos para lograr la integración social de los nuevos vecinos.