Según se señala en la memoria de responsabilidad social consultada por Servimedia, el pasado año se modificó el modelo de acuerdo de proveedor colaborador para incluir de forma más amplia aspectos relacionados con esta materia.

Entre otros asuntos, se incluye una cláusula por la que los proveedores se comprometen al cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Este nuevo contrato afecta al 70% de las empresas que trabajan para Ferrovial y que tienen el estatus de proveedor colaborador.

En este sentido, los proveedores se comprometen a cumplir con la legislación de carácter medioambiental, cumplir con las reglas de seguridad y salud y los compromisos de prevención de riesgos laborales, o el estudio de formas de colaboración conjunta para el desarrollo de proyectos de ayuda a colectivos desfavorecidos. Además, la Dirección de Aprovisionamiento de la compañía puede prohibir la contratación de cualquier proveedor por violaciones del Código Ético Empresarial en relación con el principio de abolición del trabajo infantil.

La empresa de servicios aprobó también un nuevo sistema integral de gestión de los riesgos corporativos (FRM) que incluye los riegos por violaciones de los derechos humanos.

A finales del pasado año el número de proveedores de Ferrovial era de 89.567, de los que el 15% suponen el 88% de las compras realizadas.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Los procesos de evaluación de proveedores y subcontratistas se basan, según se señala en la memoria, en la medición de su comportamiento a través de las incidencias registradas.

Así, durante 2008 se notificaron 319 incidencias relativas a proveedores, 200 de las cuales estaban relacionads con cuestiones de salud y seguridad, y 119 relacionas con el medioambiente.

En el caso de que la Dirección de Aprovisionamiento reciba tres incidencias en un año el proveedor pasa a la situación de "rechazado" y no podrá contratar por un periodo de tres años.

El año pasado el número de proveedores evaluados con incidencias ascendió a 159, de las que 112 estaban relacionadas con la prestación de servicios, 20 con aspectos de seguridad y salud, nueve con temas medioambientales, 14 por incidencias medioambientales y cuatro por incumplimientos legales.