Esta intervención fue solicitada por Partido Popular, Izquierda Unida y CDS ayer. Además, IU pidió hoy que el presidente del tribunal comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar el caso.

Por su parte, el presidente del PP andaluz, Gabino Puche ha llegado a decir que si se demuestra la veracidad de las acusaciones, los ciudadanos no deben devolver los créditos contraídos con esa entidad.

La Ley 7/88 de Fncionamiento del Tribunal de Cuentas, explicaron a Servimedia fuentes de esta institución, le reconoce dos funciones: la fiscalizadora y la jurisdiccional-contable.

Respecto a la primera, todos los organismos públicos e instituciones, incluidas las Cajas de Ahorro Confederadas, están obligados a presentar sus balances "a posteriori" para ser fiscalizados.

Las cuentas de la Caja de Ronda, como las del resto de las instituciones, se controlan a año vencido. Por lo tanto, hasta el año que viene no vlverá a investigar esa entidad, y siempre sobre la base del balance de 1991.

"Es entonces cuando veremos", comentaron las mismas fuentes, "si es cierto que se han declarado fallidos los créditos concedidos al PSOE, porque sólo han pasado cuatro años desde que ocurrieron supuestamente los hechos y eso tiene que figurar en los libros de registro".

La única posibilidad de acelerar la investigación es que un particular utilice la vía jurisdiccional-contable y denuncie la irregularidad o que el Parlamnto andaluz o las Cortes ordenen investigar; es entonces cuando el tribunal actuaría de oficio sobre las cuentas de esa entidad en el año 1986, cuando sucedieron supuestamente los hechos. Según comentaron hoy a Servimedia las mismas fuentes, todavía esta mañana ningún ciudadano o partido político había presentado demanda.

La acusación contra el PSOE se basa en informaciones que aparecieron ayer en diversos medios de comunicación, según los cuales la Caja de Ronda perdonó créditos a particulares y emprsas por valor de 885 millones de pesetas en los últimos cuatro años. De ese fallido, 311 millones de pesetas corresponderían a tres préstamos concertados con el partido gobernante para las elecciones andaluzas de 1986, que habrían sido declarados fallidos y no denunciados ante la justicia.

La clave de la acusación es saber si los créditos han sido declarados fallidos realmente, como aseguran las informaciones publicadas (dos de ellos en noviembre de 1990 y el tercero en febrero de este año), o si no l han sido, como aseguran el PSOE y la entidad.

Además del PSOE, siempre según esas informaciones, deben dinero a la Caja de Ronda el alcalde de Sevilla y líder del partido Andalucista (PA), Alejandro Rojas Marcos, 7 millones, y los socialistas Luis Uruñuela y Remedios Vargas, 7 y 5,5 millones, respectivamente.

"INSTITUCION SERIA"

El Tribunal de Cuentas continuará con su actividad normal porque es, dijeron hoy las fuentes consultadas por Servimedia, "una institución seria que no puede actuar en ase a lo que diga tal o cual periódico; información que además ha sido desmentida por la propia caja y por el PSOE".

El presidente de la Caja de Ronda manifestó ayer en Madrid que la información es "falsa o ridícula" y la secretaría general de Unicaja, organismo que forman esa entidad y otras cuatro cajas andaluzas, ha negado mediante un comunicado que se hayan condonado préstamos a instituciones o personas.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, declar ayer en Madrid a la salida de su entrevista con Felipe González que Caja de Ronda no ha perdonado ninguna deuda al PSOE y que no sabe de ninguna entidad bancaria que así lo haga.

El fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, ha señalado también que con los datos que aportan las informaciones de prensa "no hay motivos para que el fiscal actúe.