El plazo para presentar enmiendas en la Cámara Alta concluyó a las seis de esta tarde. El grupo que presentó un mayor número fue el Popular, con 550, muy por delante del CDS, con 168 y el PSOE, con algo más de 130.

La pensión para víctimas del terrorismo, cuya cuantía es el mínimo a que tendrán derecho todas las personas afectadas por n atentado, aunque no hayan cotizado a la Seguridad Social, incluidos los niños. Su importe variará en función de las lesiones causadas, siempre tomando como mínimo el doble del SMI.

El presidente del Grupo Socialista del Senado, Jaime Barreiro, explicó que a la pensión se cobrará al mes siguiente del atentado y será de 14 mensualidades al año. En su opinión, apenas será de aplicación con las pensiones ya concedidas, porque la mayoría de sus beneficiarios superan el mínimo establecido.

Por otra prte, sólo una de las enmiendas introducidas por el PSOE supone un incremento del gasto, la relativa al acuerdo sobre los fondos adicionales de los funcionarios para 1992, que ascienden a más de 23.000 millones de pesetas.

De esos fondos, 7.667 millones serán para el personal de Sanidad, 744 millones para el personal no docente de las Universidades, 1.234 millones para los empleados de la Justicia, 2.134 para Correos, 4.038 para el resto del personal laboral de la Administración del Estado, y 7.118 milones para los demás funcionarios.

También podría ocasionar un incremento del gasto la autorización para que el Estado avale al Comité Olímpico de Barcelona 92 hasta un máximo de 28.311 millones de pesetas, a fin de cubrir todas sus necesidades de endeudamiento del año que viene.

Otra novedad destacada introducida por el PSOE es la modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, para que los controladores laborales puedan imponer multas en materia de legislación laboral con a misma autoridad que los Inspectores de Trabajo.

El colectivo de controladores realizó el mes pasado un día de huelga para pedir esta modificación, alegando que carecían de amparo legal para llevar a cabo su trabajo diario, en el que levantan el 60 por ciento de las actas de infracción contra la normativa laboral.

LA SUBIDA DEL GASOIL

Jaime Barreiro indicó que, aunque no figura en las enmiendas, su grupo está dispuesto a estudiar una posible reducción del precio del gasóleo si se confirma que u elevación causaría un grave daño al sector del transporte.

Mostró igualmente la disposición de su grupo a una eventual supresión del pago único del seguro de paro, por entender que no estimula la creación de empleo, y a facilitar un cambio en la asignación de algunas partidas del Ministerio de Trabajo, para dedicar más fondos a las escuelas taller y casas de oficio.

Las enmiendas del Grupo Socialista establecerán en un 5 por ciento el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles para 1992, tantorústicos como urbanos, y fijarán en 18.400 millones la asignación total del Estado a la Iglesia Católica, incluida la participación en el IRPF.