Los máximos responsables de esas organizaciones presentaron hoy públicamente la tabla reivindicativa que han remitido al Gobierno, con las medidas que, a su juicio, necesita la agricultura española para superar su crisis estructural y los efectos de la sequía.

El principal eje del documento gira en torno a la mejora del rato fiscal y el aumento de las partidas de dinero recogidas en los presupuestos generales del Estado, para modernizar las explotaciones, subvencionar la retirada de la actividad de los agricultores de mayor edad e incentivar la incorporación al campo de mano de obra jóven.

Para los máximos responsables de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Confederación de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), la Administración debe autorizar exenciones en los pagos a la Seguridad Social duranteun periodo para los agricultores jóvenes que deciden mantener las explotaciones familiares y mejorarlas, como ya se hace en algunas regiones.

En opinión de sus responsables, la última reforma fiscal del Gobierno supone un incremento de la carga tributaria de casi el 300 por cien para los agricultores, por lo que reclaman un sistema impositivo especial para el campo, "en el que se pague en función de lo que valen realmente los terrenos y no lo que dicen que vale".

También la Unión de Pequeños Agriultores (UPA), entidad adherida a la UGT que ha solicitado una entrevista de su ejecutiva con el presidente del Gobierno, Felipe González, anunció su deseo de sumarse a las movilizaciones agrarias del mes de abril.

Entre los motivos expuestos por sus máximos responsables para secundar las protestas, figura que, en su opinión, el Gobierno está consintiendo que se haga una reconversión del campo español sin las medidas correctoras que ha aplicado en otros sectores de la economía española.

A su vez,UPA coincide con ASAJA y COAG en reclamar del Gobierno una mejor defensa de los intereses de la agricultura española en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y en las negociaciones del Acuerdo General sobre Arenceles y Comercio Internacional (GATT).

Todas los colectivos agrarios señalan que la reforma de la PAC está desviándose de los principios que la inspiraron y expresan su temor a que los cambios en las asiganciones de ayudas de la CE al campo "no hagan más que profundizar las desigualdads que ya hay entre regiones del norte y el sur de la Comunidad".

Actualmente, según la UPA, existen en España unos 50 millones de hectáreas que están consideradas como zonas desfavorecidas y en las que habitan catorce millones de personas y, sin embargo, no tienen el mismo trato fiscal y presupuestario que está vigente en otras regiones similares de la CE.

Por su parte, el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA) hizo público un comunicado en el que también expresa su adhesión a las movilizciones y solicita la celebración de elecciones en el campo para clarificar la representatividad en el sector.