De la directiva sobre pilas y acumuladores, una de las normas que han motivado las denuncias de la Comisión, Tocino dijo que la queja tiene su origen en el retraso con que se traspuso la norma comunitaria, ya que debía haberse adpatado al ordenamiento jurídico español antes de septiembre de 1992 y no fue traspuesta hasta 1996.

La ley española obligaba a las comunidades autónomas a elaborar programas para fomentar la comercialización de pilas con menos cantidad de sustancias contaminantes. Según la ministra, "prácticamente todas" las comunidades han concluido estos programas, por lo que expresó su confianza en que el procedimiento de infracción iniciado contra España se cierre.

Respecto a la directiva sobre contaminación e las aguas por nitratos, indicó que se trata de un caso similar al anterior, ya que España debía haber traspuesto la norma comunitaria antes de diciembre de 1993, y no se hizo hasta 1996.

La normativa obliga a las comunidades a diseñar programas de actuación en zonas vulnerables, documentos que todas las autonomías, excepto Cataluña, Rioja y Extremadura, ya han concluido, según la ministra.

Finalmente, Tocino se refirió a la otra directiva que ha motivado quejas desde Bruselas, la de libertad deacceso a la información medioambiental. En este caso la Comisión Europea entiende que la trasposición no se realizó adecuadamente.

Sin embargo, Tocino manifestó que la trasposición al ordenamiento jurídico español garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la información medioambiental, y negó que las tasas que se cobran por acceder a algunos datos sean abusivas.