Los artículos que regulan estos aspectos fueron aprobados con los votos de PSOE, CiU e IU-ICV, y contaron con el rechazo de ERC, el PP y Eusko Alkartasuna.

La discrepancia se ha puesto de manifiesto en la regulación del Estatuto del Diputado, que se ha enmendado para aclarar que la "inmunidad" de los parlamentarios catalanes sólo se produce "a efectos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito", pero se elimina la previsión de que "no pueden ser inculpados ni procesados sin la autorización del Parlamento".

El portavoz del PSC, Daniel Fernández, subrayó que se trata de un "texto equilibrado que hace referencia a la denominada inmunidad incompleta o parcial", y el secretario general del Grupo Socialista y miembro de esta ponencia, Diego López Garrido, recalcó que "lo que está claro, es que primero irá el presidente del Gobierno".

En nombre de CiU, Ramon Camp manifestó su respaldo a esta redacción, porque "mantiene el espíritu del Parlamento de Cataluña", y establece un "paralelismo" con el tratamiento fijado para los parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado.

PRIVILEGIOS INFUNDADOS

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, recalcó que la solución es "satisfactoria, porque determinados privilegios que tienen los diputados de las Cortes nos gustaría que desapareciesen, y no vamos a hacer batalla para que los diputados catalanes tengan los mismos privilegios infundados".

Una visión contraria ofreció el portavoz de ERC, Joan Ridao, para quien se consagra la existencia de "diputados de primera y de segunda, que no haya igualdad de trato. Si diputados y senadores disponen de ese privilegio, todos los parlamentarios autonómicos deberían disponer de él".

Por otro lado, en cuanto al protocolo, el texto queda de modo que el presidente de la Generalitat "tiene la posición preeminente que le corresponde como representante de la Generalitat y del Estado en Cataluña", y no como preveía la propuesta inicial, según la cual iba "inmediatamente después del Rey".

Esta redacción, con la que se elimina la duda de que superara protocolariamente al presidente del Gobierno, se ha aceptado a cambio del "acuerdo político" de modificar el decreto de 1981, en el que no se daba un lugar "adecuado" a los presidentes de comunidades autónomas, algo que que no satisface a ERC, que no quiere que pidan otro "acto de fé".

VEGUERÍAS

El texto aprobado esta tarde indica que el denominado Consejo de Veguerías sustituirá a las diputaciones provinciales, aunque los grupos acordaron añadir que a la propuesta inicial que la alteración de los límites provinciales se realizará conforme a lo previsto en la Constitución.

López Garrido aseguró que esta redacción implica un "respeto escrupuloso" al ordenamiento constitucional, y el representante de CiU resaltó la importancia de esta decisión en lo que se refiere a la ordenación territorial, ya que queda claro que los entes locales forman parte del entramado de la administración autonómica.

En cambio, para ERC esta regulación ha supuesto un "gran error", porque aunque la creación, modificación y supresión de la veguería debe ser competencia de la Generalitat, se establece seguidamente que el establecimiento corresponda al Estado. "Una vez más, vamos a parar a la legislación básica".

No obstante, Ridao quiso dejar claro que su formación no ha rechazado todo el texto de este título II, en el que se han incluido algunos logros que atribuyó a su formación, como el denominado Consejo de Garantías Estatutarias que, según sus palabras, "se equipara a un Tribunal Constitucional a la catalana".