Según explicó a los periodistas el abogado de la plataforma, Francisco Llamas, la querella se presenta por la presunta comisión de tres delitos: uno contra la seguridad colectiva, otro contra el medio ambiente y un tercero de traición.

El documento atribuye a todos los querellados un delito continuado contra la seguridad colectiva, en su modalidad de delitos relacionados cn la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, al haber creado una situación de riesgo no deseado.

El delito contra el medio ambiente se basa en la transgresión de los artículos 325, 326 y otros del Código Penal, al haber generado paralelamente el submarino un riesgo contra la fauna, la flora y el ecosistema del entorno.

Según informó a Servimedia el alcalde del municipio de Los Barrios (Cádiz), Alonso Rojas, los dos delitos citados son punibles aunque no se hayan materializado, si bien en elsegundo caso sí se ha producido un resultado lesivo, "porque está reconocido que al menos 200 litros de agua altamente contaminada procedente del circuito primario de refrigeración del reactor fueron vertidos en el Mediterráneo".

En declaraciones a los medios tras la presentación de la querella, Rojas dijo que se sienten traicionados por el presidente del Gobierno: "El presidente Aznar nos ha traicionado porque no ha defendido nuestros intereses, porque ha falseado la realidad, y todo esto para benefiiar a una potencia extranjera poniendo en peligro la seguridad y la salud de los ciudadanos del Campo de Gibraltar".

El delito de traición se basa, precisamente, en ese beneficio a una potencia extranjera, ya que, según el nuevo Código Penal, es aquél que comete un ciudadano español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, oculta, manipula y falsea información clasificada como reservada y que afecta a la defensa y a la seguridad colectiva nacional.

En la Plataforma Ciudadana ontra el "Tireless" están integradas diversas organizaciones ciudadanas y sociales, así como ayuntamientos de la Mancomunidad de Municipios del Entorno de Gibraltar.

Los querellantes son concretamente Miguel Alberto Díaz, secretario de CCOO en el Campo de Gibraltar y representante de la Plataforma en la Bahía de Algeciras; Martín Caballero, presidente de la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (AGADEN) y representante de la Plataforma en Algeciras; Alonso Rojas, alcalde de Lo Barrios (Cádiz); Luis Gonzaga Vilches, secretario de UGT en el Campo de Gibraltar; Alfonso Reyes Pecino, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Tinoco" de Los Barrios, y Miguel Ruiz, presidente de la Asociación Profesional contra el Cáncer (ASINCA).

El secretario comarcal de CCOO en el Campo de Gibraltar dijo a la prensa que la plataforma denuncia la "pasividad" del Gobierno español y, más concretamente, "la tolerancia, la permisividad del tránsito del barco por aguas jurisdiccionale españolas, el hecho de no haber adoptado medida alguna y el haber terminado esta crisis con la parada y atraque del submarino en el puerto de Gibraltar, exponiendo a un riesgo no deseado a ciudadanos nacionales".