El PP, CiU y Coalición Canaria votaron en contra de las peticiones de retirar el proyecto presentadas por el PSOE, IU, EA y el BNG, mientras que el PNV se abstuvo, con lo que esta modificación de 166 artículos del Código Penal comenzó su andadura en la Cámara Baja.

La reforma abarca aspectos tan dispares como los malos tratos a los animales, el robo de teléfonos móviles, la pornografía infantil, el acoso sexual, la tortura por parte de funcionaros o cargos púlicos, el tráfico de drogas en las escuelas, la falsificación de moneda o los delitos contra la propiedad intelectual y los derechos de autor a través de las nuevas tecnologías, es decir, el "pirateo".

También tipifica los delitos de lesa humanidad para que la legislación española se adapte a la creación del Tribunal Penal Internacional, aborda una definición más precisa de los delitos relacionados con la violencia de género, y permite sustituir hasta siete años de condena por tratamientos de rehabiliación para delincuentes toxicómanos.

El ministro de Justicia, José María Michavila, explicó que esta reforma "no supone darle una vuelta como un calcetín al código vigente", sino que es "respetuosa" con los principios que lo inspiran y sólo "mejora lo que hay que mejorar", para evitar, entre otras cosas, que los delincuentes detenidos "entren por una puerta y salgan por otra".

"El 55 por ciento de los hechos delictivos que se cometen en este momento en las calles de nuesto país tienen una pena 'cro'", prosiguió el ministro, para añadir que esta reforma acaba con tipos de pena que se han demostrado "ineficaces", en referencia al arresto de fin de semana, además de dar una "segunda oportunidad" a quienes delinquen por su adicción a las drogas.

OCULTAR SU "FRACASO"

El PSOE, Izquierda Unida, el BNG y EA se opusieron a la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, para lo que presentaron y defendieron cuatro enmiendas a la totalidad con las que pidieron al Gobierno que lo retirara.

l portavoz de Justicia del PSOE, Javier Barrero, acusó al Gobierno de querer "imponer sus tesis" sin dar margen al consenso en una reforma que lo exigía, y lo hace para "ensombrecer el enorme fracaso" en su política de seguridad.

En nombre de Izquierda Unida, su portavoz en la materia, Luis Carlos Rejón, denunció que se trata de una reforma "obsoleta, regresiva y arcaica", con la que el Gobierno intenta trasladar al sistema penal el "redondeo" que se practica con el euro.

La Presidencia de la Cámra estuvo a punto de dar por anuladas las enmiendas a la totalidad cuando al iniciarse el debate ninguno de los diputados que las iban a defender se encontraba en el Hemiciclo.

Cuando ya iba a suspenderse el debate, el ministro de Justicia pidió la palabra para exponer el proyecto, y a continuación llegaron los ponentes de las enmiendas.