Es uno de los efectos del "plan de choque" para mejorar los procesos de evaluación ambiental, cuyos resultados presentó hoy al Consejo de Ministros la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Según Medio Ambiente, el recorte en el plazo de tramitación "constituye un avance de gran importancia, dada la envergadura económica y social de los proyectos que se someten a evaluación ambiental, que sólo en el caso del Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte y del Programa AGUA supera los 253.000 millones de euros.

Por primera vez desde la instauración a finales de los años 80 del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, se ha comenzado a reducir la acumulación de expedientes atrasados.

El "plan de choque" puesto en marcha hace dos años busca que las declaraciones finales de evaluación ambiental tengan una mayor calidad técnica y jurídica y se potencie la participación pública.

En el periodo 1989-2001, la media de expedientes que evaluaba cada técnico era de, aproximadamente, 11,2, mientras que durante 2002-2004 esta media se incrementó hasta 29,3, lo que en 2004 suponía una acumulación de más de 1.500 expedientes en proceso de evaluación pendientes de Declaración de Impacto Ambiental.

Con diversas medidas de reestructuración de personal y creación de nuevas plazas de funcionarios incluidas en este Plan de Choque, la Dirección General de Calidad Ambiental y Evaluación Ambiental duplicó su plantilla, que pasó de 20 evaluadores en 2004 a 46 en la actualidad.

También se han incluido medidas diversas de carácter normativo y mecanismos de coordinación para rebajar la conflictividad con los órganos sustantivos, así como con las comunidades autónomas en relación a los requerimientos, y con las instituciones europeas, especialmente, minimizando las quejas sobre presuntas infracciones de directivas comunitarias y resolviendo complejos expedientes, algunos de ellos ya incluso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La mayor fuente de quejas comunitarias en política ambiental procede de las declaraciones de impacto (63 por 100 de las quejas totales).

Entre las medidas normativas destacan ciertas modificaciones de la legislación de evaluación de impacto de proyectos como la caducidad de los Estudios de Impacto Ambiental, o de las Declaraciones de Impacto Ambiental, o la aplicación del principio ‘in dubio pro actione’ para garantizar el máximo de cautela ambiental.

El plan también contempla medidas para mejorar la transparencia, participación pública, difusión y acceso a la información ambiental y el establecimiento de un Sistema de Información, denominado "Sabia", que permitirá la consulta y presentación telemática de expedientes.