Bajo el título "Convergiendo en las Calles", el artículo señala que la convocatoria de un paro general para el 28 de mayo tiene en parte las mismas motivaciones del realizado en 1988: "La negativa de una Administración nominalmente socialista a aceptar el principio de que el Estado tiene el deber de preserva a los parados de la indigencia".

En España, señala "The Economist", quienes pierden el derecho a la prestación de desempleo "no necesariamente están habilitados para obtener los beneficios de un sistema de seguridad" que continúe dándoles alguna protección.

"En consecuencia, cada aumento en la proporción de parados sin seguro de desempleo conduce directamente a un incremento en el número de los que mendigan o roban para vivir", señala el autor del artículo.

Para la economía española, según The Economist", el problema reside en que el seguro de desempleo, al que el año pasado tuvieron derecho más de la mitad de los parados, "es muy costoso en un país con una tasa oficial de paro del 15 por ciento. Y lo va a ser más, ya que la tasa está aumentando otra vez".

En ese contexto, señala la revista, el dilema planteado estriba "lo último que España necesita es un gasto público más elevado", ya que la entrada en la última fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) exige reducir el déficit de ls administraciones por debajo del 3 por ciento para finales de 1996.

En opinión de "The Economist", la principal esperanza del Gobierno es convencer a los españoles de que el decreto del recorte del seguro de paro "es vital para el futuro de España en Europa", dado el efecto que ese argumento tiene en la opinión pública.

"Los sindicatos", añade, "insisten en que hay otras, más humanas, formas de 'converger', pero la necesidad de alcanzar los niveles 'europeos' puede todavía ser usada para justifiar virtualmente cualquier cosa en España".