"The Economist" asegura que el problema pesquero obedece a que, año tras año, los gobiernos nacionales de los "doce" ignoran a la Comisión Europa y fijan capturas por encima de lo recomendado por los cientficos para garantizar la viabilidad de las especies.

A su juicio, los gobiernos obran "con una miopía aparentemente contradictoria con la importancia económica de la pesca", ya que en la mayoría de los países de la UE este sector supone menos del 1 por ciento del PIB y da empleo a un total de 300.000 pescadores europeos (si bien otro millón y medio están empleados en la industria auxiliar).

"The Economist" se sorprende de que, en una época en que las democracias nunca se hacen la guerra unas a otas, se producan recurrentemente las "guerras" relacionadas con la pesca, como la actual, o la del bacalao, que enfrentó hace veinte años a Gran Bretaña e Islandia.

En su opinión, "quizá la mejor solución sería arrendar el mar a los pescadores, o venderles cuotas comercializables. De esa manera, la política de pesca común podría finalmente producir superávits y eliminar el último 'casus belli' de las democracias".