"La prisión de Guantanamo debería ser desmantelada. Simboliza un limbo legal en el que ninguna sociedad respetuosa de la ley debería estar dispuesta a extraviarse. Incluso aquéllos acusados de terrorismo tienen derechos, por muy notables que sean sus supuestos crímenes", afirma el editorial.

Tras señalar que Estados Unidos está recibiendo presiones de muchos países, incluyendo a sus aliados, por la presenci de ciudadanos de esas naciones entre los presos de Guántanamo, "The Economist" indica que el Gobierno norteamericano "no tiene planes para cerrar la prisión, o para cambiar significativamente la manera en que trata a quienes mantiene encerrados en ella".

Según la revista, puede ser comprensible que EEUU, tras el "shock" del 11 de septiembre, adoptara medidas extraordinarias y diera prioridad a la necesidad de obtener información a toda costa sobre la amenaza terrorista planteada por Al Qaeda.

Peo eso no justifica, a su juicio, que los presos puedan ser mantenidos en cautividad indefinidamente, sin derechos legales, y que, dieciséis meses después del atentado contra las Torres Gemelas, no se haya acusado formalmente a ninguno de los detenidos, y que EEUU se reserve el derecho a juzgarlos militarmente, en secreto, y a condenarlos a muerte sin posibilidad de apelación.

"La pretensión de que América es libre de hacer lo que desee con los prisioneros de Guantanamo es indigna de una nación que ha preciado el imperio de la ley desde su nacimiento", añade "The Economist", quien advierte de que esa actitud ha frenado el apoyo de otros muchos países, "en un momento en que el esfuerzo para derrotar al terrorismo requiere más cooperación internacional y cumplimiento de la legalidad que nunca antes".