Se da la paradoja de que la única prueba admitida, tanto por el juzgado de lo penal como por la Audicencia Provincial de Soria, fue el testimonio del abogado de CCOO, José María Sanz Duque, que defendía al trabajador en la vía de lo social.

Al parecer, el empresario reconoció al letrado por teléfono que el trabajador le había firmado las hojas para el paro, aunue no le había dado la cantidad que figuraba en las mismas, sino solamente 50.000 pesetas de un total de 173.861 pesetas que suponía la liquidación.

Según la Audiencia Provincial de Soria, considera desmostrado que el empleado sufría "psicosis esquizofrénica tipo paranoide", y también está acreditado que "el citado empresario del sector de la ebanisteria se aprovechó de las condiciones psíquicas del obrero a su cargo, consiguiendo de tal manera obtener un incremento patrimonial correlativo al empobrecmiento del perjudicado y su familia".

El proceso se inició en el juzgado de lo social y prosiguió después en el de lo penal, una vez que fue presentada la querella por estafa y falsedad.