TESTIGO DE GRANDES EMPRESAS NIEGAN HABER AVALADO EMISIONES DE PAGARES, EN EL JUICIO POR EL 'CASO BFP'
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
Representantes de grandes empresas negaron hoy haber avalado o respaldado las emisiones de pagarés de la sociedad BFP y desconocer que sus nombres comerciales eran utilizado como garantía de los falsos pagarés emitidos por firmas en crisis y distribuidos por la empresa vinculada al ex director del Instituto Catalán de Finanzas Jordi Planasdemunt.
En la sesión del juicio e hoy de este largo proceso comenzaron a declarar los primeros testigos de los 400 previstos. Todos los representantes de las sociedades (Alcampo, Agroman, Telefónica, Citroën, Fomento de Construcciones y Contratas, Construcciones Padrós, Entrecanales, Cubiertas y MZOV, Dragados y Construcciones y Motul España) negaron conocer que BFP comercializara pagarés con una cláusula según la cual estas empresas los avalaban.
El responsable del departamento jurídico de Cepsa, Abelardo Velasco, declaró que tuvo onocimiento de que Dynamic había emitido a principios de 1991 pagarés en los que hacía constar que la compañía petrolera haría frente a la devolución del dinero al llegar el vencimiento de título después de descubrirse el caso. Asimismo, aseguró que la única relación que Cepsa había tenido con Dynamic era comercial.
Por su parte, el abogado de Telefónica, Eugenio Navarro, afirmó que Anisa tenía facturas cedidas a la empresa sin su conocimiento y que avalaban pagarés por obras no ejecutadas. Según su dclaración, Telefónica llegó a recibir reclamaciones por un valor de 2.500 millones de pesetas y tuvo problemas en 34 proyectos a causa de las operaciones que la relacionaban con Anisa.
Un representante de Citroën, José Antonio Escolar, señaló que su compañía supo que BFP efectuó un crédito a Dynamic, proveedora suya, de 55 millones de pesetas que debían devolverse con las facturas que iba a pagar Citroën cuando Dynamic hizo suspensión de pagos.
Las empresas emisoras de los pagarés, cuyo fraude poría ascender a unos 3.000 millones de pesetas, vinculaban estos títulos a facturas falsas o hinchadas o a supuestos contratos firmados con empresas de reconocida solvencia, entre ellas las que estaban representadas hoy por los testigos que declararon en la vista oral.
El fiscal pide un total de 106 años de cárcel para Jordi Planasdemunt, su socio y consejero delegado de BFP, Joan Basols, la viuda del empresario inmobiliario Salvador Forcadell, y otras 9 personas acusadas de colocar entre pequeños invesores pagarés falsos.
(SERVIMEDIA)
30 Jun 1994
C
