El departament que dirige Jaime Mayor Oreja precisó que el magistrado de la Audiencia Nacional había solicitado a Interior el pasado día 7 que se ampliara la protección del testigo -que hasta la fecha sólo se había establecido en Madrid- a la localidad de San Fernando.

La Dirección General de Policía alega que "no hubo tiempo de poner en práctica en su totalidad" las nuevas medidas de protección, ya que la petición del juez se produjo apenas 24 horas antes del suceso.

El proceso jurídico-policial se inició el asado día 2 de octubre, cuando el juez Gómez de Liaño remitió un escrito al Ministerio del Interior solicitando el cambio de identidad para el 'testigo protegido', así como protección personal para él.

El 8 de octubre, un representante de Interior y el propio juez decidió como más conveniente que el testigo no disponga de protección personal en su localidad de origen "para no llamar excesivamente la atención" de sus vecinos, según Interior.

Por el contrario, se acuerda que cuando resida en Madridsí disponga de contravigilancia policial, con el compromiso de avisar de sus desplazamientos fuera de esta ciudad. Sin embargo, la semana pasada el 'testigo protegido' no informó de su desplazamiento a San Fernando.

El Ministerio del Interior, que señaló hoy en una nota que la víctima dispone de protección personal permanente desde que ocurrió el suceso, calificó de "correcta la aplicación de las medidas de seguridad pactadas desde hace un mes tanto con el juez como con el propio 'testigo protegido'. Asimismo, en la nota se subraya "la preocupación que estos graves hechos han producido en el Ministerio, que tiene la firme voluntad de esclarecer los mismos y proceder a la identificación y detención de los agresores del citado 'testigo protegido'".