En una nta de prensa, el SPPU pide la dimisión del responsable de esa decisión y añade que aunque las escoltas son necesarias "en ningún caso deben suponer una pérdida de niveles de seguridad en instituciones, como es este caso, tan importantes para el normal funcionamiento del Estado de Derecho".

La solución del problema, dice el SPPU, "pasa por adscribir un número suficiente de funcionarios (policiales) al Congreso que permitiera montar los Servicios de Protección Dinámica que fueran aconsejables de modo y orma que supusiera suficiente garantía de seguridad sin que suponga una desprotección de otro servicio".

A juicio del sindicato, la "práctica generalizada" de la Dirección General de la Policía de prestar nuevos servicios sin incrementar plantilla, "al final sólo produce que ningún servicio se preste con garantías".