El incendio provocó 64 muertos y más de un centenar de heridos, y las investigaciones policiales no llegaron a establecer fehacientemente si los hechos fueron o no producto de un atentado terrorista.

La Asociación Víctimas del Terrorismo reivindicaba tradicionalmente la consideración de víctimas de los afectados y ha venido solicitando las indemnizaciones y ayudas que les puedieran corresponde.

Los grupos parlamentarios consideraron que ésta era una deuda pendiente de la democracia y por ello acordaron unanimemente la concesión de pensiones extraordinarias de acuerdo con el texto refundido de Clases Pasivas de julio de 1992.

Para cobrar estas pensiones será necesaria una solicitud de los interesados que se podrá formalizar a partir del próximo 1 de enero, sin que puedan establecerse efectos retroactivos y con la condición de ser incompatibles con las pensiones ordinarias que los afectdos puedieran percibir.

Fuentes del Ministerio de Interior calcularon que cerca de medio centenar de víctimas del incendio pueden beneficiarse de la medida aprobada en el Senado.