Cascos explicó que el Gobierno ha enviado a los grupos el texto de la ley junto con una memoria económica en la que quedan establecidos todos los baremos de indemnización.

Aseguró que esta información obra en poder de los partidos desde el pasado 30 de abril y que desde entonces ninguno le ha hecho llegar observación alguna sobre el mismo.

Asimismo, rechazó las acusaciones que han hecho algunos grupos polítcos al Ejecutivo achacándole una clara intención de retrasar la aprobación de la proposición de ley, e insistió en que el interés del Gobierno es que el texto salga adelante cuanto antes y con el máximo consenso posible.

Cascos expresó su esperanza de que los grupos estén ahora en conversaciones que permitan la suscripción del texto por todos cuanto antes. A su juicio, el documento elaborado por la comisión interministerial que él preside es el "máximo común denominador" de las propuestas hechas por ls partidos y por tanto debería ser merecedor de su apoyo.

A juicio del vicepresidente, "no hay discrepancias de fondo" entre los distintos grupos políticos en relación a la proposición de ley, pero se negó a "interpretar" los motivos de cada partido para no dar un definitivo visto bueno al texto.

En el informe repartido a la prensa por la Vicepresidencia del Gobierno consta que el 9 de febrero se entregó el primer texto a los grupos. CiU respondió por escrito el 16 de febrero, el PP el 18, CC el 3 y el PSOE los dias 11 y 17 de marzo. El PNV hizo alegaciones verbales el 25 de febrero.

La segunda propuesta del Gobierno se hizo llegar a los grupos parlamentarios el 18 de marzo. Ese mismo día hubo comunicación telefónica con PSOE e IU, tras lo cual el 7 de abril los socialistas transmitieron su posición por escrito. El 8 de abril llegó a Moncloa la respuesta escrita de IU y al día siguiente el Consejo de Ministros aprobó el texto y lo reenvió al Congreso.

La memoria económica de la proposicin establece, según explicó Cascos, un aumento del presupuesto estimado para cubrir todas las indemnizaciones de 2.000 millones de pesetas, pasando de 42.000 millones a 44.000 millones por los múltiples casos que, según dijo, no están reconocidos por sentencia pero que pueden acreditar haber sido víctimas de actos violentos.