Los vocales conservadores, representados por José Antonio Ballesteros y Carmen Llombart, se negaron en esta reunión a poner nombres sobre la mesa y volvieron a pronunciarse a favor de que el proceso se rija por el criterio de “eficiencia” y no por el de “urgencia”.

Así las cosas, el grupo de trabajo no volverá a celebrar ninguna otra reunión antes del Pleno del CGPJ convocado para el 29 de septiembre, aplazando así cualquier posible acuerdo hasta después de la visita de Reynders.

En un comunicado emitido tras la reunión de más de dos horas celebrada este miércoles, Llombart y Ballesteros insistieron en la necesidad de llegar a acuerdos “por amplias mayorías” y explicitaron su compromiso de cumplir con las competencias del Consejo para hacer los nombramientos.

El grupo conservador explicó en su comunicado que no ha recibido ninguna candidatura “ni oficial ni oficiosa, más allá de un mero contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual”.

“Sólo aquellos candidatos seleccionados tras análisis y deliberación de nuestro grupo serán propuestos como tales. A tal efecto, el grupo buscará a aquellos aspirantes que, por su excelencia, considere idóneos para tan alta magistratura”, señalaron.

Por su parte, los vocales progresistas Álvaro Cuesta, Roser Bach y Rafael Mozo indicaron en otro comunicado que han constatado “la voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo lo más amplio posible”, aunque hay diferencias “en cuanto a los tiempos”.

El grupo progresista, reiteró su “voluntad de alcanzar dicho acuerdo en el plazo más breve posible y siempre antes del Pleno convocado para el día 29 de septiembre”.

También explicó que el sector conservador manifestó que "a día de hoy no están en condiciones de presentar candidatos y que no considera que deba producirse la designación en el Pleno del día 29. De igual modo no ha sido posible fijar una fecha para una nueva reunión antes del día 29”.

Por ello, estos tres vocales dejaron constancia en su nota de que no se hacen “responsables de la dilación que se está produciendo en la designación de los magistrados para el Tribunal Constitucional”.