Lo hizo a través de un comunicado en el que explicó que las propuestas circuyen materias de garantía y fortalecimiento de derechos, lucha contra cualquier forma de discriminación, reducción de la pobreza, prevención de la exclusión social, garantía del derecho a la vivienda, aumento de los recursos sociosanitarios, derecho a la salud, fortalecimiento de la cooperación al desarrollo, igualdad de género, desarrollo sostenible, diálogo civil, participación, voluntariado y fortalecimiento del Tercer Sector.

“Este documento es fruto de un proceso participativo y recoge las principales demandas y propuestas de las entidades del Tercer Sector”, arguyó el presidente de la PTS, Luciano Poyato, quien subrayó que éstas “tienen como objetivo principal conseguir que nuestro país continúe avanzando en materia de derechos, políticas sociales y reducción de la desigualdad”.

Entre las propuestas planteadas, sobresale la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para “actualizarlo conforme a una visión exigente de derechos humanos”; a ésta se añade el “cumplimiento efectivo de los mandatos legales en materia de accesibilidad universal”, el desarrollo de políticas de lucha contra la brecha digital o la creación del Bono Social Digital.

También propone incrementar del 0,7% al 1% la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a proyectos sociales, ampliar la oferta de vivienda pública en alquiler asequible, la reducción de la pobreza energética y mejorar la implantación y alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En materia de salud, aboga por “garantizar el acceso universal y gratuito a la atención especializada por psicólogos y psiquiatras para toda la ciudadanía”.

Del mismo modo, propone el desarrollo de una regularización para reconocer los derechos de las personas que se encuentran en España en situación administrativa irregular, aumentar el presupuesto destinado a las políticas de cooperación al desarrollo y la aprobación de un Estrategia Estatal del Voluntariado.

Reclaman que las administraciones públicas consideren al Tercer Sector un “interlocutor legítimo de la sociedad civil” y que “se facilite su participación a lo largo de todo el ciclo de definición, desarrollo y evaluación de las políticas públicas”.

El vicepresidente de Agenda Social, Incidencia Política y Diálogo Civil de la PTS, Luis Cayo Pérez Bueno, reseñó que la Plataforma busca que “leyes y decretos fundamentales y de gran importancia que no se han aprobado en la pasada legislatura, como la Ley de Familias, la Ley de Servicios Sociales o los desarrollos normativos de la Ley del Tercer Sector y de la Ley de Voluntariado, sean impulsado por el nuevo Gobierno”.

La PTS ya ha mantenido encuentros con responsables del PSOE y del PP para detallarles las medidas incluidas en el supradicho documento.