Este colectivo señala en una nota de prensa que esta asignatura "pretende la educación civico-democrática de los ciudadanos y ciudadanas, en aplicación del artículo 27.2de la Constitución Española: 'La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales'".

Asimismo, señala que Educación para la Ciudadanía "responde, además, a una recomendación de la Unión Europea. En Europa más de veinte países la han incorporado dentro del currículo escolar".

En su opinión, "la ciudadanía en la que hemos de educarnos todos los ciudadanos debe ser cosmopolita y global, crítica y transformadora, intercultural e interétnica, responsable y activa, solidaria y no discriminatoria por razones de etnia, religión, cultura, clase social, lugar de origen, discapacidad, etc".

"La sociedad española se caracteriza por el pluralismo político, la diversidad cultural, la pluralidad de religiones, las distintas concepciones del mundo y los plurales modelos éticos. Ello exige una educación en el respeto, la tolerancia y la convivencia", destada.

Además, la Asociación de Teólogos Juan XXIII entiende que "la educación en la ciudadanía no empieza y termina en la escuela, ni es responsabilidad sólo de los docentes. Tiene que continuar en la familia y en la sociedad, responsables también de la educación y la práctica de los valores.

Finalmente, asegura que "la tarea principal de la jerarquía católica no es la de guardianes de la moral. Las valoraciones morales, ciertamente, entran dentro de sus competencias, pero con unos límites: no imponerlas en la sociedad civil y respetar el legítimo pluralismo dentro de la Iglesia católica".

"Los obispos no detentan el monopolio del juicio ético, lo que es especialmente importante recordarlo en una sociedad pluralista como la española actual", añade.

Esta entidad aclara que "en el fondo de la negativa de los obispos a reconocer la capacidad del Estado para educar en valores cívicos y democráticos parece haber una falta de aceptación de la autonomía del poder civil, sin haber asumido plenamente la no confesionalidad del Estado".

Concluye que "es importante afirmar que un Estado democrático tiene derecho y autoridad para establecer una asignatura que trate de educar en valores éticos, sobre todo si los contenidos desarrollan los Derechos Humanos, han sido acordados por los agentes sociales implicados y, además, tiene el rango de ley".