Tamayo hizo esta reflexión a Servimedia tras la polémica que ha suscitado una sentencia de un tribunal para retirar los crucifijos del colegio público Macías Picavea de Valladolid.

"Hay que elaborar un estatuto de laicidad que preserve y proteja la no confesionalidad de los espacios públicos de manera incontestable y nítida, que no dé lugar a confusión", sentenció Tamayo

Explicó que el citado estatuto debe establecer "una clarísima y neta separación entre autoridades civiles y autoridades religiosas, espacios públicos y espacios religiosos, ética pública y ética religiosa, ética civil y ética confesional, porque de lo contrario se da una confusión permanente".

Tamayo recalcó que 30 años después de aprobada la Constitución es hora de elaborar este estatuto de laicidad y se preguntó qué sentido tiene la presencia de autoridades civiles en la ofrenda del Apóstol Santiago o qué sentido tiene la presencia de cardenales en actos civiles.

El teólogo, que se mostró "totalmente de acuerdo" con la citada sentencia de Valladolid, aseguró que "el lugar más idóneo de los diferentes símbolos religiosos deben ser los lugares de culto, de celebración y reunión de cada confesión religiosa. Ahí es donde tienen su razón de ser, su sentido y su significado".

"Sacar estos símbolos de ese contexto, me parece que es desnaturalizarlos y hacerlos presentes en los espacios públicos, que son laicos, implica una confesionalización de los mismos, en este caso, cristianización" JUNTA

Además, Tamyo expresó su rechazo a la decisión de la Junta de Castilla y León de recurrir esa sentencia."Me parece que son restos de nacional catolicismo y que va en dirección contrario de un Estado laico", aseveró.

A su juicio, "la Junta de Castilla y León tendría que ser la primera en acatar la sentencia y recurrirla me parece que es una falta de respeto a esa laicidad de los espacios públicos".

Por otro lado, Tamayo se mostró escéptico en que el Gobierno reforme la Ley de Libertad Religiosa como ha prometido.

"A la vista del comportamiento que está teniendo el Gobierno español y de los privilegios que de manera inexplicabe e injustificable está teniendo con la Iglesia católica, yo tengo mis dudas de que al final se lleve a cabo una nueva Ley de Libertad Religiosa", apostilló.

En su opinión, antes de reformar la libertad religiosa, el Gobierno debería reformar la Constitución para eliminar la referencia a la Iglesia católica en el artículo 16.3, y revisar los acuerdos Estado-Santa Sede, "que es donde está el verdadero pecado original del problema religioso en España".

Tamayo concluyó expresando de nuevo su pesimismo sobre esta reforma, "porque el propio Gobierno cree que podría perder votos y por eso prefiere mantener el actual 'statu quo'" con la Iglesia católica.