En varias ocasiones, el presidente del tribunal, José Antonio Jiménez Alfaro, tuvo que llamar al orden a ambas partes rogándoles que se abstuvieran de realizar comentarios y apreciaciones y se limitaran a preguntar y responder respectivamente.

Salas basó su interrogatorio en las ingentes cantidades de dinero manejadas por Amedo en 1986, año en el que supuestamente se dedicó a reclutar ercenarios para atentar contra miembros de la banda terrorista ETA refugiados en Francia.

Un informe elaborado por la Policía autónoma vasca y que presentó el abogado en el juicio, en el libro de registro de ganancias y pérdidas del casino de San Sebastián figura que durante 1985, 86 y 87, José Amedo obtuvo unas pérdidas totales cercanas a los nueve millones de pesetas.

Según la versión de la acusación, el subcomisario utilizaba el casino como "caja" para hacer pagos a terceros sin que quedase costancia de su nombre en la transacción.

Amedo reconoció que efectivamente el dinero, entregado en talones nominativos, era suyo, pero que sólo se trataba de una operación de cambio que no especifica si realmente perdió el dinero o lo recuperó, ya que "cualquier persona podía ir a cobrar en mi nombre".

Sobre la porcedencia del dinero, el subcomisario manifestó que era "lícito", por lo que no tenía nada que explicar, pero ante la insistencia del abogado, terminó por declarar que provenía de negocio inmobiliarios efectuados al margen de su trabajo policial.

MERCENARIOS

El subcomisario, que durante las tres horas que duró la sesión se negó a contestar a las cuestiones que se le hubieran planteado el día anterior, reiteró no haber utilizado nunca más nombre supuesto que el de Gerardo Gallego Galindo, con la autorización de sus superiores, y negó conocer a los numerosos mercenarios de los GAL que le han identificado como la persona que les contrató.

Amedo desdeñó las declaraciones recogidas n el sumario por estos mercenarios, "que se venden al mejor postor", dijo, y del resto de los testigos que le acusan, "por el montaje que hay detrás de todo esto", pero no supo mantener ese mismo tono cuando Salas le preguntó por el portugués Jose Paulo Figuereido, primero de los sicarios que le delató y cuyo juicio comenzó esta misma mañana en Pau por el atentado contra el bar La Consolation.

Después de que el letrado le recordara la declaración de Figueiredo en la que le explicaba que el subcomisari le había contratado "para matar etarras" porque no se les podía detener en Francia, Amedo exclamó:"¿qué me está diciendo usted a mí?, ¿qué pretende hacer conmigo? No le voy a permitir que me vuelva a hablar de esa persona, usted no puede hacer conmigo lo que quiera".

El subcomisario rechazó, asímismo, cualquier implicación en la elaboración del falso documento de identidad que la policía incautó al portugués en el momento de su detención, a pesar de que la acusación sostiene que la firma que aparece n él fue hecha por Amedo, según un estudio realizado por un experto.

Esta argumentación se basa en el hecho de que Amedo no quiere someterse a las pruebas caligráficas y dactilares necesarias para efectuar las comprobaciones correspondientes.

En otro momento del interrogatorio, Amedo dijo desconocer por qué uno de los "gal" detenido poseía un tipo de bala expresamente fabricado para la policía nacional y que también se encontró en uno de los "zulos" de la banda terrorista en Francia. "Balas se enuentran por la calle también", contestó.

FONDOS RESERVADOS

Por otra parte, la Audiencia Nacional recibió hoy un escrito del Ministero del Interior en el que se niega a facilitar información sobre los fondos reservados, petición que fu efectuada por las tres acusaciones del caso.

El gabinete ministerial certifica en ese texto que estos fondos constituyen una partida presupuestaria excluida de cualquier control, incluido el Poder Legislativo, y de los que sólo pueden disponer el ministro del Inteior, el Secretario de Estado para la Seguridad, el director de la Seguridad del Estado y el director general de la Guardia Civil.

Por este motivo, el ministerio añade que los procesados, a los que se acusa de organizar los GAL, no pudieron utilizar directamente ninguna dinero procedente de estas partidas.

Al conocer la negativa, Fernando Salas comentó a los periodistas, una vez finalizada la sesión, que "el Ministerio del Interior se mofa de la Justicia".