Es una de las conclusiones del 'Estudio sobre conducta suicida y salud mental en la infancia y la adolescencia en España (2012-2022)', realizado por la Fundación ANAR a partir de los 9.637 casos en que ha intervenido en los últimos diez años relativos a menores en general con intento o ideas de quitarse la vida.

Además de la discapacidad, remarcaron en ANAR, tener menos de diez años, provenir de familias migrantes o formar parte del colectivo Lgtbiq+ aumenta esos riesgos.

En concreto, los datos referidos a las personas con discapacidad como colectivos más vulnerables al suicidio, indican que "tienen más riesgo los varones", que "reciben tratamiento psicológico y tienen otros problemas asociados como acoso escolar 'ciberbullying' y dificultades en el ámbito escolar, maltrato físico y problemas psicológicos", explicó la directora del teléfono y chat de ANAR, Diana Díaz, durante la reciente presentación del estudio.

El estudio incluye casos de personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años que se encontraban bajo tutela, otra característica que aumenta el riesgo en la población con discapacidad, pues hasta la entrada en vigor de la Ley 8/2021 del 2 de junio (entró en vigor en el septiembre siguiente), el Teléfono ANAR atendía a todas esas personas a pesar de que la organización no se ocupa de mayores de edad. Por eso en el estudio también se contabilizan casos de personas de más de 18 años con discapacidad que estaban con un tutor hasta que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad con la citada norma.

En este contexto de mayor vulnerabilidad de algunos colectivos, Bartolomé reclamó más campañas y formación social para detectar las "señales" del suicidio infantil y un plan nacional de prevención y una estrategia, dotados "con recursos" para acabar con el "estigma" del suicidio en menores.

"Nos preocupan especialmente los niños más vulnerables, como son los niños migrantes, con diferente identidad sexual o discapacidad", agregó, para lo que pidió estudios específicos y un abordaje más directo desde los centros educativos, que son "observatorios privilegiados" para detectar estos problemas.