"Las televisiones locales ya se están llevando un trozo, aunue pequeño, del pastel de los 28,6 millones de telespectadores con que cuentan el total de las televisiones públicas y privadas. Esto se debe a que a la gente le interesa lo inmediato, lo próximo y la información que le afecta directamente", explicó Martín.

Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares, País Vasco, Madrid y Canarias son las comunidades en las que está más consolidada la implantación de las televisiones locales, según los datos que maneja ATEL.

Según Aurelio Martín, las televisiones locles prevén captar unos ingresos por publicidad de 30.000 millones de pesetas al año a partir de 1997.

Esta cifra se deprende de un estudio que maneja a nivel interno la ATEL sobre la publicidad en este sector, basado en las cifras de las televisiones locales que operan en las principales capitales de provincia y núcleos de población de España.

A su juicio, no es una cantidad "descabellada" si las televisiones locales logran su objetivo de captar el 10 por ciento de la audiencia televisiva, "cifraque podrá alcanzarse cuando se apruebe el proyecto de ley de televisión local, que favorecerá la calidad de la programación y el aumento de empresas que explotarán el sector".

Asimismo, el presidente de ATEL advirtió que "los 30.000 millones de pesetas de ingresos por publicidad se lograrán siempre que la ley no establezca algún tipo de limitación horaria respecto a la emisión de la publicidad". 15.000 EMPLEOS

Según sus datos, las televisiones locales dan empleo en España a unas 15.000 personas, ntre periodistas, técnicos y colaboradores. Por su parte, la Unión Europea prevé la creación de 2 millones de puestos de trabajo en torno a las televisiones locales antes del año 2002, lo que supondrá unas inversiones cercanas a los 2,4 billones de pesetas.

Martín González destacó que las televisiones locales españolas han invertido desde su creación unos 10.000 millones de pesetas en equipamiento, mientras que el gasto en personal y programación propia oscila entre los 25 y los 100 millones de peseta, según la capacidad de la emisora.

Las empresas interesadas en prestar el servicio de televisión local han visto favorecidos sus intereses por una sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se estableció que no se podía prohibir esta actividad, en tanto no hubiese una legislación específica al respecto, que podría estar aprobada antes de fin de año.