Las compañías de telefonía móvil tienen hasta el 3 de septiembre para presentar sus alegaciones ante el regulador del sector de las "telecos", que pretende que Telefónica Móviles, Vodafone y Amena reduzcan hasta la mitad las tarifas de terminación, es decir, lo que cobra por el uso de su red la operadora del abonado que recibe una llamada a la del que la hace.

Desde Telefónica aseguran que ya conocían que la CMT estaba preparando este informe, por lo que no les ha sorprendido. No obstante, explicaron que una bajada del 50% en las tarifas de terminación significaría una reducción del 17% de sus ingresos.

"Sería muy precipitado hacer una valoración sin haber estudiado a fondo el documento. En estos momentos nuestros especialistas ya se han puesto en marcha para analizar las alegaciones y revestirlas de fundamento jurídico", añadieron.

Respecto a la entrada de los móviles virtuales en el mercado de la telefonía móvil, las fuentes de Telefónica consultadas expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Industria conceda "ayudas artificiales" a los nuevos entrantes que "puedan alterar al funcionamiento del mercado".

Además, reconocieron que también les preocupa que "el Ministerio les imponga con qué socios deben llevar a cabo las alianzas correspondientes, puesto que algunos proyectos pueden crear valor para la empresa y otros no.

En estos momentos, Telefónica Móviles tiene abiertas negociaciones con varios posibles socios para desarrollar proyectos de móviles virtuales. "Se nos han acercado muchos y ahora tenemos contacto con algunos", admitieron.

EL 'CASO XFERA'

En relación con el lanzamiento al mercado del cuarto operador de telefonía móvil, Xfera, que acaba de seleccionar a Ericsson como proveedor de 3G, Telefónica y Vodafone han criticado duramente la "flexibilidad" del Ministerio de Industria ante sus continuos retrasos e incumplimientos.

El ex presidente ejecutivo de Telefónica Móviles, AntonioViana-Batista, llegó a afirmar, en la última Junta de Accionistas de la compañía, que "es llamativo que en España se haya mantenido inoperativa la cuarta licencia durante más de seis años sin que el incumplimiento reiterado de todos los compromisos haya supuesto una retirada o una revocación".