TELEFONICA. RATO CONDICIONA EL VISTO BUENO DEL GOBIERO ESPAÑOL EN LA FUSION TELEFONICA-KPN A LA RAPIDA SALIDA DEL ESTADO HOLANDES
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El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, envió hoy una carta a su homólogo holandés, Gerrit Zalm, en la que condiciona el visto bueno del Gobierno español a la fusión ó alianza entre Telefónica y KPN a que el Estado holandés abandone de forma rápida y clara la mayoría del capital de la operadora de ese país.
En una carta en la que Rato responde a otra de Zalm remitia un día antes, el vicepresidente explica que "el Gobierno holandés mantiene una participación excesivamente amplia en KPN y, además, sin limitación temporal, por lo que para llevar a cabo la operación sería necesario que el Gobierno holandes abandonara su posición como accionista principal de la compañía de forma irreversible e inmediata".
La misiva de Rato explica que, "para el Gobierno español resulta esencial reducir al máximo las participaciones públicas en empresas que operan y compiten en mercaos privados, con el objetivo de garantizar la transparencia y la efectividad del proceso de privatizaciones, lo que chocaría con la presencia que el Gobierno holandés mantiene actualmente en KPN".
Además, el vicepresidente recuerda que ya existe precedente en España de legislación que suspende el derecho de voto a las participaciones en empresas energéticas españolas adquiridas o controladas por una administración pública.
Igualmente, Rodrigo Rato recuerda a su homólogo holandés que la legislació sobre 'golden share', también llamada acción de oro del Gobierno español, es clara y está limitada en el tiempo, "cosa que no sucede en el caso holandés".
Del comunicado del Ministerio de Economía sobre este asunto se deduce que en la carta enviada el 3 de mayo por Gerrit Zalm se asumen compromisos de desinversión del Gobierno de Holanda en KPN, a lo que se responde desde España que ese proceso "debería producirse con mayor rapidez y estar sujetos a mayor detalle y concreción, antes de adoptar una deisión".
En este sentido, el Gobierno español señala que tendría que ser el Parlamento de Holanda el que debería aprobar una derogación de las leyes que afectan a esta operación, que de momento resulta "incierta".
(SERVIMEDIA)
04 Mayo 2000
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