Borrell aseguró que el plan aprobado por el Gobierno permitirá que todos los pueblos del país, con diez o más habitantes, disponga de al menos un telefono público, con un coste de instalación y tarifas igual que el que rige para zonas urbanas del país; 25.000 pesetas por el enganche más el consumo que se haga del equipo.

Cándido Velázquez explicó que el Plan de Telefonía Rural incluye una inversión de unos 50.000 millones de pesetas, que su empresa tenía previsto desembolsar para teléfonos rurales entre 1993 y 1994 y se mostró tan convencido de la rentabilidad de estos equipos que aseguró que su implantación no tendrá repercusió en la evolución de las tarifas del servicio para el resto del país.

Del total de líneas móviles para zonas de dificil acceso aprobadas por el Gobierno, 427.364 serán de abonados y 13.790 de líneas de servicio público, con un coste respectivo de 100.000 y 3.100 millones de pesetas aproximadamente.

Borrell explicó que el plan supone el compromiso del Gobierno de colocar 99.154 líneas de este tipo en 1993 con una inversión de 25.700 millones de pesetas y otras 114.000 líneas en cada uno de los añossiguientes (1994-1995-1996) con un coste respectivo de 25.800 millones de pesetas.

Este programa recoge los acuerdos que ya tenía telefónica con Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Cataluña, Murcia y las diputaciones provinciales de Granada y Almería, por las que la empresa se comprometía a financiar el 75 por ciento de la invesión y la Administración territorial el 25 por ciento restante.

No obstante, el programa contiene una claúsula de garantía que oblia a telefónica a invertir en el 100 por cien cien del coste de la instalación, en el supuesto de que no exista acuerdo entre la compañía y las autoridades regionales.