En un comunicado hecho público esta tarde, tras entregar a los sindicatos el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 15.000 trabajadores en 5 años, la compañía que preside César Alierta se queja de las "repetidas ocasiones" en las que el Gobierno ha endurecido el marco regulador del sector, en perjuiio de la compañía.

"Telefónica de España ha tenido que enfrentarse al marco regulador más exigente de Europa, endurecido en repetidas ocasiones", dice la compañía, antes de afirmar que "ha soportado en solitario todo el coste de un servicio universal extremadamente exigente, aliviando a sus competidores de la correspondiente y exigible contribución. Este marco ha favorecido el modelo de reventa y perjudicado a los operadores inversores", alega.

Todo esto, según explican, "ha exigido el planteamieto" del ERE, del que culpan a "exigente marco regulatorio y al escaso crecimiento del mercado".

INSUFICIENTE

De hecho, recuerdan que, a pesar de la "gran bajada de precios" acometida, no se ha conseguido impulsar el mercado y Telefónica ha sufrido un "estancamiento" basado en "las limitaciones y frenos comerciales impuestos a Telefónica de España, que ha deteriorado significativamente sus ingresos".

"A este entorno de competencia desigual, que estrangula las posibilidades de crecimiento de Teleónica de España, se une la pesada estructura de costes fijos, herencia del monopolio, que arrastra la Compañía. Dicha estructura de costes fijos, de los cuales el 80% son costes de personal, se traduce en una desventaja competitiva clara frente a aquellos competidores que han podido planificar y configurar su plantilla desde el inicio de su actividad y que, aún así, en la mayoría de los casos están llevando a cabo medidas de adaptación de sus recursos humanos al nuevo entorno del sector", concluye.

Co todo ello, defiende la puesta en marcha de un Plan que contempla bajas voluntarias y que se aplicará bajo el principio de no discriminación de los empleados.

El nuevo Plan, según explica Telefónica, supone la continuación de programa anteriores, que ha supuesto ya la reducción de 25.000 empleos con un coste para la compañía de unos 6.400 millones de euros "sin que se hayan aceptado como costes imputables a la transición a la competencia", se queja.

Finalmente, considera y advierte al Gobierno qu este plan "sería insuficiente" si no se acompaña de un cambio en el marco regulador, tal como se propicia desde la Unión Europea.