Asimismo, señala que el incremento de las tarifas en las llamadas de larga duración perjudicará a los consumidores, por "el efecto que pueden tener en el acceso de la población del Estado español a la utilización de servicios innovadores como Internet", que necesitan este tipo de llamadas.

A su juicio, las subidas proyectadas se oponen al acceso de todos los ciudadanos al servico universal telefónico, y "están en manifiesta contradicción con el principio de asequibilidad de la ley, en un país con una de las tasas de prestación del servicio telefónico más bajas de Europa".

Por este motivo, apuntó que "la fijación del nivel tarifario actual como límite máximo debe ser el criterio de asequibilidad al servicio universal". Para ello, propone que el coste derivado del mantenimiento de los precios actuales sea "compartido entre Telefónica y los nuevos operadores".