El objetivo, explicaron las mismas fuentes, es que el 'segundo operador' de telefonía básica preste sus sevicios a través de las empresas de cable que haya en cada demarcación territorial compitiendo con Telefónica, pero, mientras esa infraestructura de cable no exista, podrá utilizar la red del primer operador en igualdad de condiciones que Telefónica.

En caso de que no hubiera acuerdo entre ambos operadores para interconectar redes, sería la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, recién creada, la que deberá intervenir y resolver el conflicto.

Las mismas fuentes han señalado que, el responable de Fomento, Rafael Arias Salgado, ha tenido en cuenta los informes y el plan de negocio del 'segundo operador' elaborados por Retevisión, en el que se contempla un periodo mínimo de 18 meses para agrupar las infraestructuras ajenas a Telefónica y poner en marcha una empresa capaz de competir con ella en todos los servicios.

Dichos informes sugieren también la posibilidad de que el Gobierno consienta un duopolio durante algunos años, antes de permitir la entrada de operadores extranjeros, de maner que la plena competencia en el sector no dificulte el desarrollo de un 'segundo operador' con capital español.

Este es el motivo, añadieron las mismas fuentes, por el que el responsable de Fomento se resiste a rechazar la fase transitoria que va del 1 de enero de 1998 -en la que previsiblemente entrará en funcionamiento el segundo operador- hasta el 2003, y que España tiene otorgada junto a otros países de la Unión Europea.

Pese a esta prudencia del ministro, los planes de negocio que maneja el obierno para el 'segundo operador' apuntan a un rápido crecimiento, por lo que no descartan que "de entrar en el período transitorio, no haga falta agotarlo".

CRITERIOS DEL GOBIERNO

El decreto por el que se crea el 'segundo operador' de telecomunicaciones determina que todo el personal de Retevisión se integre en la sociedad con la que el Gobierno instrumentará el proceso y establece como criterios para su privatización por concurso la aportación de infraestructuras y derechos de paso y la oferta ecnómica, entre otros factores.

Además, señala que estos criterios deberán recogerse con objetividad en el pliego de condiciones del concurso, junto a la experiencia del licitador en la explotación de redes, su posición patrimonial, las inversiones comprometidas y la maximización de aportaciones a la economía nacional.