El sindicato critica que no se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la autorización de esta operación por el Consejo de Ministros el pasado día 20 de diciembre, y señala que Telefónica es una empresa con obligaciones de servicio público cuya venta total a manos privadas no puede hacerse con la única decisión del Gobierno central.

Los responsables de Comisiones dicen que las telecomunicaciones serán claves para el desarrollo terriorial de España y un factor determinante de cohesión entre zonas del país, y por ello, su venta debe ser objeto de debate parlamentario, de las comunidades autónomas y ayuntamientos, e incluso de sindicatos y organizaciones de consumidores.

Además, la central denuncia que se haga la venta sin antes concretar que cubrirá el servicio público universal que debe garantizarse a los ciudadanos en un mercado liberalizado. Recuerda que se quiere hacer con Telefónica lo contrario que ha hecho el Ministerio de ndustria con Endesa, cuya privatización se ha suspendido hasta que quede aclarada la regulación del sector eléctrico español.