El acuerdo, según explicaron los presidentes de las compañías, Juan Villalonga y Juan Abelló respectivamente, respeta todas las cláusulas impuestas por Bruselas para llegar a un pacto, pero modifica su aplicación para evitar que Telefónica acuda a los tribunales, porque se consideraba perjudicada en los términos impuestos por la Comisión Europea.

En concreto, el acuerdo mantiene la adjudicacón de una segunda licencia de telefonía móvil en la banda 1.800 para tecnología PCN valorada en 25.000 millones de pesetas, y unas tarifas de interconexión denominadas "asimétricas" entre ambas compañías que beneficia a Airtel frente a la filial de móviles de Telefónica, su competidora.

Dichas tarifas de interconexión suponen para Airtel un ahorro de unos 15.000 millones de pesetas, que Telefónica intentará compensar mediante un compromiso de la empresa de móviles de canalizar a través suyo todas sus uturas comunicaciones internacionales hasta el final de siglo.

Con este compromiso, que se extiende hasta 1.999, Airtel acuerda la exclusividad de sus conexiones internacionales con Telefónica, relegando la posibilidad legal que tenía de contratar esos servicios con otras operadoras, como Retevisión, -futuro segundo operador telefónico- en el momento en que comience a dar servicios.

Además, tras este compromiso comercial, Airtel se convierte en el primer cliente de Telefónica, al convertir a éstaen su primer suministrador de circuitos; mientras que la operadora pasa a tener la consideración de principal cliente de Telefónica.

Villalonga y Abelló se felicitaron por el acuerdo y alabaron la actitud adoptada en el contencioso por parte del Ministerio de Fomento, ya que "no ha impuesto ninguna medida a ninguna de las dos operadoras".

Por su parte, Arias Salgado ha señalado, tras la firma del acuerdo, que éste se reflejará en un decreto que será remitido al Consejo de Ministros lo antes posibe, tras el visto bueno del Consejo de Estado, y adelantó que su publicación en el Boletín Oficial del Estado será el fin del contencioso entre el Gobierno español y Bruselas.