El decreto concreta la denominada "acción de oro" que supedita a Telefónica, tras la privatización, a un regimen de autorización previa ante supuestos como su disolución, escisión, fusión o sustitución del objeto social de ambas compañías, así como la adquisición de paquetes accionariales superiores al 10% en las dos empresas.

En declaraciones a Servimedia, Aguirreha añadido que este modelo a la hora de desarrollar el proceso de privatización en el sector de las telecomunicaciones difiere del que emplearon los socialistas y "deja el protagonismo de la gestión en exclsuiva al sector privado, y hace desaparecer el intervencionismo pero salvaguardando los intereses generales".