Con esta decisión se acepta la petición española, que consistía en fijar un periodo suplementario para poner en marcha una liberalización muy limitada y progresiva, antes de la liberalización completa de la telefonía vocal y de las redes públicas de telecomunicaciones.

Las principales disposiciones de a decisión adoptada hoy por la Comisión Europea son que las licencias para telefonía vocal pública y las disposiciones concernientes al servicio universal deben ser comunicadas como proyecto a la Comisión antes del 1 de enero de 1998. Además, las licencias demandadas deben ser atribuidas antes del 1 de diciembre de 1998.

El Gobierno español deberá informar a la Comisión de los avances que se produzcan en un calendario que el Ejecutivo ha fijado.

Durante 1997, los operadores de cable que respeten iertas condiciones deben ser autorizados a suministrar servicios de telefonía local. Otra disposición prevé que antes de que finalice el presente año la Ley General de Telecomunicaciones debe poner en marcha las principales disposiciones de la legislación europea para este sector.

A primeros de enero de 1998, será acordada una tercera licencia de suministro de telefonía local pública y antes de fin de julio de este mismo año todas las leyes y reglamentos necesarios para la liberalización deben ser puetos en marcha.