En un comunicado difundido hoy, Gestha considera, además, que esta nueva exigencia introducida en la declaración de la renta de este año es "insuficiente" como instrumento de lucha contra el fraude inmobiliario.

A su juicio, es "una medida a medias y de escasa legalidad que generará desigualdades en el tratamiento concedido a los distintos arrendadores, además de no paliar las discriminaciones territoriales entre las diferentes comunidades autónomas".

Según estos técnicos de Hacienda, la medida no afecta a todos los contribuyentes, al excluir a aquellos que no están obligados a declarar y a los declarantes que reciben el borrador de declaración. Para el secretario general de Gestha, Joaquín del Moral, de esta manera se limitan desde el principio los efectos positivos de la lucha contra el fraude.

Además, los técnicos de Hacienda creen que el deber de declarar la identificación catastral de la vivienda y el régimen en el que se habita debería tener un rango legal mayor y debería recoger la posibilidad de sancionar a los arrendadores o arrendatarios que no colaboren, con el fin degarantizar el cumplimiento y la eficacia de esta medida.

Para Gestha, la iniciativa cae también en "errores y vacíos informativos", ya que la obligación de informar sobre el domicilio habitual no está referida al ejercicio al que corresponde la declaración, sino al actual. Además, señala que los datos suministrados sólo permiten a la Agencia Tributaria conocer la referencia catastral e indirectamente el titular catastral, que no tiene por qué ser necesariamente el arrendador.

Gestha aprovecha para denunciar la "caótica" regulación de la tributación de arrendamientos en el IRPF, de lo que responsabiliza no sólo al actual Gobierno sino también al anterior, y estima que la reducción del 50% de los ingresos por arrendamiento aprobada durante el Gobierno del Partido Popular, que se aplica a los arrendadores en el IRPF otorga, un trato más favorable a las rentas de capital, en perjuicio de las rentas del trabajo.