Emilio Olabarría, portavoz de Justicia de los peneuvistas en el Parlamento vasco, dijo a Servimedia que la condena que el Supremo impuso al Constitucional por este caso no debería haberse limitado a la responsabilidad civil, sino que tendría que haber contemplado un delito de prevaricación.

Según Olabarría, lo que hicieron los magistrados del tribunl que preside Manuel Jiménez de Parga es dictar una sentencia injusta "con la conciencia de que lo es", ya que no evaluaron el recurso de un abogado con la "conciencia clara" de que estaban prevaricando.

El diputado peneuvista destacó que este enfrentamiento entre tribunales es algo "gravísimo", al tiempo que opinó que lo que no pueden hacer los miembros del Constitucional es recurrir ante sí mismos, ya que estarían "contaminados" al haber valorado la demanda de José Luis Mazón.

Al mismo tiempo, labarría rechazó que se pueda comparar la respuesta del máximo órgano constitucional al Supremo con la negativa del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y de dos miembros de la Mesa de esta institución a cumplir la sentencia que les obliga a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (SA), antigua Batasuna.

Según este portavoz, el caso de Atutxa "no tiene ningún parangón ni jurídico ni político" con el otro, puesto que lo que sostiene el PNV es que el presidente de la Cámara no ha incurrio en delito de desobediencia, entre otras cosas porque no cuenta con instrumentos reglamentarios para disolver SA.