Los hechos que dieron lugar a la sentencia del Supremo se produjeron el 26 de febrero de 2003, cuando Arnaldo Otegi participó en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, en la que afirmó que "el rey español es el jefe máximo del ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y que ampara la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia".

El Alto Tribunal estima que las afirmaciones efectuadas por el líder de Batasuna, superan de manera "patente", por su notorio "carácter infame", el nivel de lo lícito.

Los magistrados subrayan que las palabras de Otegi suponen un "evidente menosprecio" al rey Juan Carlos y a la institución que encarna su persona, "afectando al núcleo último de su dignidad".

Por esta razón, sostienen que las manifestaciones de Otegi "no pueden considerarse amparadas por el ejercicio de derecho a la libertad de expresión".

Por otra parte, el Tribunal Constitucional rechaza que se haya vulnerado el derecho a la libertad de expresión y a la libertad ideológica.

El fallo recuerda que "difícilmente podrá negarse el carácter oprobioso, vejatorio e infamante para cualquier persona, incluso pública, de la calificación de responsable de los procuradores y de las afirmaciones de amparar la tortura y de imponer el régimen monárquico mediante la tortura y la violencia".

GRAVE

Asimismo, los magistrados sostienen que las declaraciones de Otegi suponen atribuir al monarca "una de las manifestaciones delictivas más graves en un Estado de Derecho".

El Constitucional señala que, "naturalmente", en un sistema democrático, con libertad ideológica y de expresión, el Rey puede ser objeto de crítica, pero ésta no puede implicar la imputación de actuaciones efectivas del poder público "como pretexto para menoscabar gratuitamente su dignidad o su estima pública".